"La Rebelión de San Felipe, Juan Francisco León y Los Comuneros de Los Andes"

La Rebelión de San Felipe

Movimiento organizado por la población sanfelipeña y liderada por los notables de la ciudad, en contra de la designación por el gobernador Gabriel de Zuloaga de Ignacio de Basazábal como teniente y justicia mayor de San Felipe. Su nombramiento era con el fin de erradicar el contrabando realizado por casi todos los sectores socioeconómicos de los valles del Yaracuy, y proceder de acuerdo con el gobernador y con la Compañía Guipuzcoana.

En 1740 el gobernador de la provincia de Venezuela designo al vasco Don Ignacio de Basazabal, como teniente y justicia mayor de san Felipe para que enfrentara el contrabando y facilitara la labor de la Compañía Guipuzcoana. En Enero de 1741 la población se revelo ante esta designación detuvo a las autoridades.

El 4 de enero de 1741 Basazábal fue destituido de su cargo y tomaron el control de la ciudad los capitulares, encabezando a la población en armas que estaba dispuesta a combatir cualquier intento de pacificación violenta. Analizada la situación de la provincia, a Zuloaga no le quedó otro camino que enfrentar el movimiento por medios pacíficos, hecho que se logró el 16 de febrero siguiente.

La Rebelión de El Tocuyo 1744

Movimiento que estalló en 1744 en El Tocuyo, en el que los habitantes de esta localidad manifestaron su rechazo a los vascos y a la Compañía Guipuzcoana. Esto como reacción a la orden dada por el gobernador y el capitán general de la provincia de Venezuela, para reunir un contingente de hombres armados con destino a Puerto Cabello, plaza cuya vigilancia y defensa convenía mantener bajo control de los españoles luego del ataque lanzado por los ingleses en 1743. En tal sentido, el 1 de mayo de 1744, Félix Alonso González de Yepes, maestre de campo y sargento, convocó a todos los habitantes de El Tocuyo, entre los que los que se encontraban tanto “nobles” como “plebeyos”, para comunicarles la decisión del gobernador, según la cual debían reunirse 200 soldados españoles y 150 indios flecheros que partían en 2 grupos, el primero en una semana, al mando del propio González de Yépez, y el otro, en un mes, comandado por el alcalde ordinario que estuviera ejerciendo las funciones de sargento mayor. El día 11 se reunió el primer grupo de hombres en la plaza mayor, se entregaron las armas correspondientes, se pasó revista a la tropa y se ordenó la marcha. Sin embargo, cuando los contingentes estaban listos para partir se escuchó una voz que pronto fue acompañada por otras, que se negaban a cumplir la orden. Asimismo, los alzados apuntaron con sus armas a las autoridades y con un disparo avisaron a otros hombres que llegaron de los alrededores armados con espadas “espadas, chafarotes y rejones”. En términos generales, los alzados alegaban que no convenía la marcha a Puerto Cabello por ser un lugar muy malsano en el que era fácil perder la vida a causa de las “calenturas”, y por el temor de tener que someterse a la tutela de los vascos y de la Compañía Guipuzcoana, empresa cuyo control sobre ese puerto era evidente.

A pesar de la intervención de las autoridades civiles y eclesiásticas aconsejando a los sublevados el cumplimiento de la orden del gobernador, estos no escuchaban razones. Por el contrario el paso siguiente que dieron los amotinados fue tomar las armas que estaban depositadas en el cuartel general de la ciudad y establecer su centro de operaciones en Guajirita, a 1 legua de El Tocuyo. Tenían prohibida la salida de cualquier persona hacia Caracas, vigilaban constantemente el movimiento de las autoridades y habían privado del gobierno a los tenientes justicias mayores. En pocos días los hombres de armas llegaron a 2.000 entre indios, mestizos, mulatos, zambos y negros. El día 14, los notables de la ciudad informaron de la situación al gobernador, aclarándole que el movimiento había partido de la “plebe”. No obstante, esta explicación no convenció del todo a Zuloaga, pues era evidente la vinculación y simpatía que tenían los notables con los sublevados. Prueba de esto, es que al llegar a El Tocuyo el comerciante Juan Ignacio Álvarez Cienfuegos, hombre muy relacionado con la Compañía Guipuzcoana, y por tanto sospechoso de ser un juez comisionado enviado por el gobernador, la gente más influyente de la ciudad se reunió en la residencia de González de Yépez y acordó expulsarlo.

Tras su expulsión, Álvarez Cienfuegos informó de lo ocurrido al gobernador, señalándole la clara participación de los capitulares y de otros vecinos en el motín, a pesar de que figuraran como cabecillas gente del común: Pedro de la Cruz, un mulato de más de 50 años, acompañado por sus hijos y sobrinos; Onofre y su hermano “jamuguero”, también con sus hijos; Gregorio Rodríguez, un “mulato zapatero” de 55 años; José Ignacio de Silva, un mestizo; José Nicolás de Lucena, teniente de caballería e infantería, entre otros. Dadas la magnitud de la rebelión y la diversidad de grupos participantes en la misma, la situación estuvo fuera del control de las autoridades por varios meses. En tal sentido, todavía para el 22 de diciembre de ese año, el gobernador informaba al rey de los hechos, explicándole que no había intervenido ni pacífica ni violentamente, primero porque temía que cualquier enviado suyo pudiera ser maltratado, y luego, porque una acción armada dejaría desprotegidas las principales plazas de la provincia, decisión no recomendable ante el peligro que aún representaba los ingleses en el mar Caribe. En definitiva, aunque se desconoce cómo terminaron las acciones, es lógico suponer que la actitud prudente y tolerante adoptada por el gobernador, contribuyó a calmar a los sublevados y llevarlos a que poco a poco se fuera dispersando al quedar sin efecto la orden de marchar a Puerto Cabello. Por otra parte, pese a que la Rebelión de El Tocuyo no representó una amenaza real para la corona española, demostró la debilidad que tenía la misma para ejercer el control sobre sus posesiones ultramarinas, lo que expresará en otras rebeliones, y en el propio proceso independentista.

La Rebelión de Juan Francisco León

Origen de la revuelta: La rebelión de Juan Francisco de León contra la Guipuzcoana se produjo entre 1749 y 1752, en los valles de Panaquire y Caucagua (Barlovento), y de allí se extendió a los valles de Tuy, y otras regiones de la provincia de Caracas. El canario Juan Francisco de León era Teniente Cabo de Guerra y Juez de Comisos de Panaquire. El factor de la Guipuzcoana denunció ante el gobernador Luis Francisco Castellanos, el hecho de que en los valles de Panaquire y Caucagua, importante zona cocotera, se estaba practicando descaradamente el contrabando con los holandeses.

En virtud de la denuncia, el gobernador designó a uno de los empleados de la Compañía para sustituir a León; pero éste se negó a entregarle el cargo y, por el contrario, le ordenó salir de Panaquire. Enterado el gobernador del incidente, ordenó a León reconocer al nuevo funcionario; pero el isleño contestó que no entregaría el cargo a ningún empleado de la Guipuzcoana. De esa manera se inició la revuelta contra la Compañía.

Desarrollo de la revuelta: Alrededor de León se fueron uniendo numerosos vecinos de la región, quienes lo instaban a mantener su posición y a protestar contra la Guipuzcoana. Alentado por este apoyo, León se dirigió a Caracas, seguido por centenares de personas que se le sumaron en los pueblos por donde pasaba, para plantear directamente al gobernador las quejas contra el monopolio vasco.

El 20 de abril de 1749, León entró con su gente a Caracas, y públicamente se entrevistó con el gobernador. Le expuso el descontento de los vecinos y le pidió la expulsión de la Compañía. Varios escritos de protesta presentó León al gobernador, y solicitó además la reunión del Cabildo y de los vecinos más notables de la ciudad, para que libremente dijeran si la Compañía había sido beneficiosa o perjudicial en los dieciocho años que llevaba en el país. Con esta convocatoria, León trataba de comprometer públicamente a los sectores que hasta entonces lo venían apoyando, darle más fuerza a sus demandas, y, sobre todo, presentar el movimiento como resultado de la aspiración justa de los vecinos y no como acto de rebeldía individual de su parte.

La junta general de los vecinos fue convocada. Asistieron los miembros del Cabildo y un numeroso grupo de terratenientes, dueños de haciendas. Esta junta general acordó lo siguiente:

1) La Compañía era responsable de la escasez y elevado precio de los artículos de importación.

2) La Compañía era responsable de haber rebajado los precios de los frutos, principalmente del cacao, cuyo precio, en los años de actuación de la empresa, había caído de 20 a 8 pesos la fanega. Estos cargos contra la Compañía significaban que su actuación había sido perjudicial a los intereses de la provincia, y, en consecuencia, se pedía su expulsión.

No sólo Juan Francisco de León pedía la expulsión de la empresa. También se pronunciaban contra ella el Cabildo, la nobleza, el claustro universitario y los más diversos sectores de la sociedad colonial. Ante esta situación, el gobernador optó por declarar la expulsión de la Compañía; pero al mismo tiempo, incapaz de enfrentar los hechos, huyó a La Guaira y se llevó consigo a otros funcionarios. Este comportamiento del gobernador dio origen a una larga disputa entre él y el Cabildo de Caracas. Ambas partes se achacaban responsabilidad en los disturbios ocurridos, y enviaban emisarios con la versión de los hechos, a las autoridades coloniales de Las Antillas y de España.

Después de varios meses, el Rey destituyó al Gobernador Castellanos y nombró en su lugar a Julián de Arriaga, quien llegó a La Guaira a fines de 1749, con el encargo de resolver el problema suscitado en la provincia.

Actuación del Gobernador Arriaga: El nuevo gobernador comprendió que la protesta contra la Compañía era unánime y no convenía tomar medidas drásticas para castigar a los comprometidos en los sucesos. Ofreció, pues, perdonar a quienes habían participado en los hechos. Al mismo tiempo, restableció la Guipuzcoana por vía de prueba, por seis meses, y nombró factor de la empresa a una persona no vasca. Pero la agitación continuaba y la gente mantenía su demanda de expulsión de la Guipuzcoana. El Gobernador Arriaga se dio cuenta de que no podía controlar mucho tiempo esta situación y solicitó ser reemplazado El Rey envió un nuevo Gobernador en 1751, Felipe Ricardos, quien llegó a Venezuela con 600 hombres armados. Traía instrucciones precisas para apresar a Juan Francisco de León y sus principales colaboradores, y reprimir todo intento de continuar las protestas contra la Guipuzcoana.

Asimismo, sus instrucciones le ordenaban restablecer la Guipuzcoana, reducida a las bases del contrato de 1728.

Fin de la revuelta: Al saber la llegada de Ricardos y su propósito de restablecer la Compañía, León comenzó de nuevo a movilizar sus gentes para marchar a Caracas y reclamar una vez más la expulsión de los vizcaínos. Pero el Gobernador Ricardos actuó con gran energía. Solicitó refuerzos a Cumaná y La Habana y movilizó sus tropas contra León, a quien declaró rebelde y traidor al Rey.

León evitó el encuentro con las tropas de Ricardos. Seguido de sus principales partidarios, huyó a los llanos y durante dos meses se mantuvo acosado por las tropas del gobernador. Entre tanto, Ricardos había detenido a un buen número de partidarios de la revuelta y embargado sus bienes. Sin ánimo de luchar contra el gobierno y con sus gentes dispersas y amedrentadas, Juan Francisco de León y su hijo Nicolás se entregaron a las autoridades de Panaquire. Trasladado a Caracas, rindió declaraciones y fue remitido a España, junto con los principales comprometidos en la revuelta.

Por auto del Gobernador Ricardos se dispuso en el juicio: "Que Juan Francisco de León sea remitido a España... con testimonio de su confesión para agregar a su causa, para que Su Majestad se sirva de resolver lo que fuera de su real agrado... Además de remitir a Juan Francisco de León, su hijo y a otros reos, para que el Rey les aplique el condigno castigo, dispone que se derribe y siembre de sal la casa que el primero tenía en esta ciudad..."

Consecuencias de la Revuelta

Con la prisión de Juan Francisco de León terminó de hecho este movimiento que mantuvo por más de dos años agitada la provincia de Caracas, y dio origen a acontecimientos políticos muy importantes para la vida de la colonia. Sin embargo, este movimiento, aun cuando fracasó en sus propósitos, tuvo importantes consecuencias:

1. Las autoridades acogieron las acusaciones formuladas contra la Guipuzcoana durante la revuelta, y tomaron medidas para corregirlas.
2. Se creó una junta de precios, formada por el gobernador, un representante del Cabildo y otro de la Compañía, para fijar los precios del cacao.
3. Se aseguró a los hacendados y cosecheros un sexto de la capacidad de los barcos de la compañía para que remitieran por su cuenta frutos a España.
4. Se garantizó a los cosecheros y mercaderes criollos el derecho de seguir comerciando con México y se le negó a la Compañía participar en este comercio.
5. Después de la revuelta mejoraron los precios, del cacao y la compañía incremento sus exportaciones a España.
6. Se permitió a los hacendados y mercaderes criollos adquirir acciones de la Compañía, y de esa manera, tener participación en los beneficios de la empresa.

No hay duda de que esta última consecuencia fue la más importante. Los nobles criollos, que habían luchado contra la Compañía y habían apoyado e incitado a León en su revuelta, eran ahora los que obtenían los beneficios de aquel movimiento. Teniendo de su parte a los nobles terratenientes que ahora eran accionistas suyos, la Guipuzcoana no tuvo ya más problemas serios. Esto explica, en cierto modo, la tranquilidad y la paz en que opera la Compañía en los siguientes treinta y cinco años de permanencia en Venezuela.

La Rebelión de los Comuneros de los Andes

Los Comuneros de Mérida. Una Rebelión popular de Pre independencia

Erupción y trasfondo Socio-Económico de la Rebelión comunera venezolana

El movimiento Comunero de Mérida en 1781, cons­tituyó uno de los levantamientos anticoloniales de mayor trascendencia, ocurridos a lo largo del siglo XVIII venezolano. Sus acciones reivindicativas colocaron en entredicho la vigencia de la autoridad española, y abrieron un nuevo capítulo en las luchas pre-independentistas nacionales.

El origen de esta insurrección hunde sus raíces en la crisis que vivió el sistema de dominación colonial en la segunda mitad del siglo XVIII y que la Corona española intentó superar mediante la aplicación de ciertas políticas económicas, orientadas a fortalecer su poder político y a extraer un mayor excedente económico aumentando las rentas fiscales. Sin embargo, estas medidas lejos de paliar la crisis, agudizaron las tensiones sociales y estimularon el estallido de revueltas que hicieron estremecer la estructura colonial.

La insurrección comunera comprometió a diversos sectores sociales, afectados por las políticas borbónicas; los terratenientes y pequeños propietarios, vieron disminuidas sus posibilidades de expansión y progreso con el incremento de los impuestos, como el de la Armada de Barlovento, la Alcabala, los Estancos del Tabaco, el aguardiente y otros mecanismos de extracción tributaria. De allí, que algunos de ellos se sumaron como capitanes al movimiento, para expresar su indignación por la política fiscal.

Por otra parte, los jornaleros, artesanos, campesinos y otros trabajadores aunaron a su inferioridad económica, social, política y cultural, las nuevas cargas impositivas de la Corona. Este grupo de desposeídos eran víctimas de la explotación de los dueños de la tie­rra, quienes acaparaban los espacios productivos antiguos y nuevos, surgidos del proceso de despojo de los resguardos indígenas y su consiguiente incorporación a la producción de acuerdo con las nuevas orientaciones borbónicas.

Venezuela, por sus amplias costas y su privilegio natural de ser puerto de acceso a Tierra Firme, representó para la Corona un centro de producción y comercio de materias primas de gran demanda en Europa, como lo fueron el tabaco y el cacao. Por otra parte, resultaba ser una zona clave de interés metropolitano por su vecindad a las colonias antillanas que servían de centro de operación y penetración económica de ingleses y holandeses.

Dada la importancia de Venezuela en cuanto a la producción, su ubicación geográfica y a la necesidad metropolitana de obtener los mayores provechos fiscales de la región, se crea en Caracas la Intendencia de Ejército y Real Hacienda, en el año de 1776 "... adscribiendo a la misma las provincias de Venezuela, Cumaná, Guayana, Maracaibo y las islas de Trinidad y Margarita". Esta institución se caracterizó por ser el fiel reflejo de la política colonial española de tiempos de Carlos III, marcada por una concepción y procedimientos coloniales de centralización política-administrativa, de organización fiscal y de una mayor interferencia del Estado. Ello originó un descontento general que se manifestó a través de los Ayuntamientos de mayor relevancia, así como por protestas reivindicativas, que contribuyeron a despertar en la sociedad venezolana una mayor conciencia de sus intereses y facilitaron elementos anticolonialistas y nacionales básicos al proceso de independencia. Es sobre este conflictivo trasfondo socio-económico que hace erupción el movimiento de los comuneros.

La rebelión comunera venezolana, tuvo como objetivo básico la búsqueda de la rebaja de los impuestos tan absurda y desconsideradamente aumentados a consecuencia de la instrucción aprobada el 8 de diciembre de 1776, en Real Cédula de Carlos III; cuyas medidas son características del despotismo y del régimen intendencial. Así, pues, la rebelión comunera diseña originalmente una naturaleza autonomista, que se inicia con la insu­rrección de la Villa del Socorro el 16 de marzo de 1781 en el Virreinato de la Nueva Granada; adhiriéndose al clamor de las necesidades insatisfechas de los miembros de la colectividad. Este movimiento se extiende e influye nota­blemente en la rebelión venezolana, esgrimiendo la consigna de "Viva el Rey y muera el mal gobierno". La expansión e influencia que tiene esta insurrección sobre la Provincia de Maracaibo* es originada por razones comunicacionales, geográficas y económicas. Hacía apenas cuatro años que estas Provincias se habían agregado a la Capitanía General de Venezuela, mediante la emisión de una Real Cédula del 8 de septiembre de 1777. Las comunicaciones existían desde los momentos iniciales de la fundación de las ciudades de Mérida, San Cristóbal, Barinas, Gibraltar las cuales tuvieron su nacimiento en expediciones salidas de Pamplona. En lo geográfico y econó­mico, los departamentos que llevan hoy el nombre de Santander y las tierras del Táchira, Mérida y Barinas, exportaban su cacao y su magnífico tabaco por los puertos del Lago de Maracaibo hacia México y España. A esto podemos agregar el inevitable y a veces "agradable" contrabando. Se trataba enton­ces, de personas y productos muy parecidos, y como aglutinante, impuestos gravosos, desafueros de las autoridades, miseria y trabas al comercio. El contagio de la revuelta era inevitable, y tenía el terreno abonado por los caminos de la Cordillera.

Mérida. Inicio, desarrollo y fin de los comuneros

La rebelión comienza en la Villa del Socorro el 16 de marzo de 1781, en protesta por el establecimiento de los Estancos del Tabaco, aguardiente, y otras medidas impositivas que originaron un descontento que se expandió a varios lugares del Virreinato de la Nueva Granada. Y no es sino hasta el mes de mayo cuando aparecen en San Antonio y San Cristóbal los primeros pasquines incitando a seguir los ejemplos del Perú y de la Nueva Granada, amenazas a los funcionarios de la Real Hacienda y estímulos a las comunidades a poner fin a los odiados impuestos, quedando así solidificado el eje del común La Grita-Tinta-El Socorro. Una de las consecuencias inmediatas de estos acontecimientos, fue la ejecución del líder de la revuelta peruana, Túpac Amaru el 18 de mayo de 1781. Fue descuartizado, decapitado y sus restos fueron repartidos en varios sitios para sembrar el terror entre la población aborigen. El resultado fue contraproducente, ya que cuatro días después se incorpora la localidad de Pamplona al movimiento comunero neogranadino.

Para el 5 de junio de 1781, aparecen en las puertas del Cabildo de Mérida dos pasquines que informaban de la sublevación del Virreinato, así como ofertas de ayuda externa para expandir la rebelión a toda Venezuela.

El avance del movimiento insurreccional logró, en cierta me­dida, sus objetivos cuando son aprobadas y confirmadas en su totalidad las llamadas "Capitulaciones de Zipaquirá", propuestas por los Comuneros de la Nueva Granada a las autoridades del Virreinato. Las mismas constan de 32 artículos que establecen reivindicaciones económicas, sociales y político militares, que en su totalidad habían constituido las metas de la rebelión. Los encargados de éste acuerdo fueron: el Virrey Arzobispo Caballero y Góngora, representante del gobierno colonial, y el líder rebelde Francisco Berbeo.

Aunque algunos analistas consideran que las capitulaciones constituyeron un primer estatuto político de la Nueva Granada, destinado a impulsar la liberación de las condiciones de dependencia colonial, en ningún momento abordaron lo relacionado con la libertad de los esclavos, la abolición de las nuevas formas de servidumbre indígena y la restitución de las tierras de los resguardos.

En lo que sí cumplieron sus objetivos fue en la división del ejército comunero. A partir de ese momento, quedó clara la existencia de dos horizontes de lucha: por un lado, la de los sectores acaudalados, que pese a mantener sus contradicciones con la Corona española, no esta­ban dispuestos a perder su hegemonía política, y económica y por otro, las masas oprimidas que buscaban sus reivindicaciones sociales.

Pero la revuelta continúa y para el 24 de junio de 1781 aparecen en La Grita varios panfletos que evidencian la actitud anti-española. Los insurrectos de Pamplona ayudan en la sublevación de la Villa del Rosario de Cúcuta. Y no es sino hasta el 30 de junio de 1781, cuando ocurre el primer encuentro entre representantes de la ciudad de San Antonio del Táchira (Venezuela) y los rebeldes de la Villa de Cúcuta y Pamplona (Nueva Granada) cuyo interés era el de promover la insurrección en toda la Provincia de Maracaibo y extender el movimiento hasta Caracas.

Este encuentro tuvo lugar en las márgenes del río Táchira, constituyéndose así un gobierno rebelde, cuyos integrantes en su mayoría eran ricos propietarios de la región. Desde allí se extendió a Lobatera, organizándose una nueva administración integrada por labradores de modestos recursos. Para el 11 de julio los insurrectos de San Antonio, San Cristóbal y Lobatera entran a La Grita y sitian la ciudad, despojan de su cargo al administrador de la Real Hacienda, se posesionan del dinero existente en las arcas reales, reparten el tabaco entre el pueblo, someten a prisión a los españoles y griteños opuestos al movimiento. Y organi­zan el gobierno rebelde bajo el mando de Juan José García, miembro de una familia de blancos pudientes.

El 15 de julio de 1781 ocupan Bailadores, siendo ésta la siguiente población controlada por los Comuneros. Desde allí se planificó la invasión a Mérida. Para el 20 de julio, los rebeldes toman Estanques trasladándose posteriormente a Lagunillas, donde son aclamados por una gran concurrencia de población indígena. Aquí se nombra Capitán a Simón Molina un rico propietario de la región. Vía Mérida, se suman al movimiento los poblados de El Morro, Acequias y Pueblo Nuevo.

Para el 25 de julio del mismo año, los insurrectos tienen controlado al poblado de Ejido. "Esta ciudad abrazó con gran fuerza la rebelión comunera. El monopolio del Aguardiente debió estimular tal actitud, pues la mayor parte de la población vivía del cultivo, corte y procesamiento de la caña de azúcar". Por otra parte, al otorgarse el Estanco del Aguardiente en forma de monopolio que acapararon unos pocos merideños, éstos, valiéndose de ardides y en connivencia con autorida­des realistas, hicieron perder muchos cultivos, destruyeron botijas y pe­queños alambiques, quedando en la mayor indigencia numerosas familias. El gobierno rebelde fue integrado por personas de bajos recursos, entre los que destacan el labrador Francisco Javier de Angulo**, persona de gran prestigio en los sectores populares que logró sumar al movi­miento las simpatías de casi todos los habitantes de aquella localidad.

Entre el 27 y 28 de julio de 1781 la expedición comunera hace su entrada en Mérida, aclamada por casi toda la población. Al frente del movimiento se encontraba el rico merideño Francisco Antonio Uzcátegui y Rivas***. Esta ciudad era la segunda en importancia en la ruta comunera, y por su acceso a Trujillo, Maracaibo y Barinas, resultaba ser una zona clave para el avance hacia Caracas. El Gobernador de Maracaibo Manuel de Ayala, como medida preventiva, ordena una expedición para evitar la invasión de Trujillo. El Gobernador de la Provincia de Venezuela, Unzaga y Amezaga, es el que remite las instrucciones de la expedición en contra de los insurgentes de Mérida.

Hechos los preparativos en Mérida para marchar hacía Trujillo, comandaron al frente de más de mil rebeldes, José Ignacio Briceño, Ignacio de Rivas, Antonio de la Cruz, Francisco Javier de Angulo y Tomás Dávila, acompañados por el neogranadino José Garrido y el escribano Joaquín Trillo.

El 7 de agosto de 1781 partieron rumbo a Timotes, no sin antes remitir con esa misma fecha un mensaje al Ayuntamiento trujillano, dándole cuenta de los éxitos comuneros neogranadinos y los beneficios que implicaban las Capitulaciones de Zipaquirá; así como la adhesión de diversos lugares de la Provincia de Maracaibo al movimiento insurreccional, explicándole sus intenciones de incorporar a los trujillanos al movimiento y la disposición de utilizar cual­quier medio para cumplir dicho cometido.

Sin oposición alguna, los rebeldes se apoderaron el 8 de agosto del pueblo de Santa Lucía de Timotes. Pero el ambiente de tensión popular que existía en Trujillo era contraproducente, ya que los sectores desposeídos acogieron con agrado las noticias sobre el movimiento comunero, pero los ricos hacendados, no. Estos aplicaron ciertas restricciones en contra de la insurgencia "... sin pérdida de tiempo presionaron al Ayuntamiento a adoptar medidas y, deseosos de robustecer y ameritar su lealtad al Rey, organiza­ron la resistencia contra los que avanzaban desde Mérida."

Luego que los insurgentes se posesionaron de Timotes y los trujillanos aplicaron sus medidas de seguridad, se inició un intenso intercambio de correspondencia entre ambos bandos. Los merideños trataron de persuadir a los dirigentes trujillanos para que se uniesen al movimiento, quienes insistían que los objetivos de la insurrección eran la liberación del pueblo de las cargas impositivas y que sus in­tenciones no eran atentar en contra de la obediencia al Rey de Es­paña. Los jefes trujillanos respondían con sutiles evasivas, estrategia para ganar tiempo para el arribo de los auxilios militares de Maracaibo, los cuales habían partido el 5 de agosto, bajo el mando del Ayudante Mayor Francisco de Albuquerque y el Sub-Teniente Jaime Moreno.

Otra forma que utilizaron los trujillanos para que los insurgentes merideños desistieran de sus propósitos, fue hacerles saber que el Gobernador de Maracaibo les había hecho llegar una oferta de perdón si deponían las armas. Pero la respuesta, en un intento de ganarse y conmover a los trujillanos fue la de redactar y firmar una proclama dirigida a los nobles y plebeyos de esa ciudad incitándolos a sumarse al movimiento, en clara justificación de los motivos de su rebeldía.

A causa de la fuerte oposición trujillana, Juan García de Hevia marcha a Mérida el 29 de agosto de 1781, para reforzar a los merideños acantonados en Timotes. Desde la capital se emprende la llamada "Expedición de la Fron­tera", comandada por Juan de Salas. Para entonces, "la insurrección era co­nocida en Caracas, pues el día 7 de septiembre apareció un pasquín en la iglesia de San Francisco instando al gobernador Unzaga y Amégaza a elimi­nar el cobro de impuestos o de lo contrario el pueblo caraqueño no haría oposición a los comuneros". Irónicamente, a partir de este momento el movimiento comunero empieza a decaer.

Confiados en las ofertas de auxi­lios neogranadinos y otros prometidos en La Grita, se encarga a Francisco Javier de Angulo para que informase a García de Hevia sobre el rechazo de los trujillanos, además de recibirlo y acompañarlo en los planes que se creye­ran necesarios para llevar adelante la insurgencia. Pero en las altas autoridades comuneras, el entusiasmo por la rebelión caía en el mayor deterioro. Ambi­guos jefes insurrectos designados por la euforia popular, enterados que se habían enviado tropas en contra del movimiento, se liberaban del terror de las primeras arremetidas y se abanderaban al lado de la causa realista. Además, lógicamente se interpretó como un duro golpe a la insurgencia la decisión trujillana de rechazar el movimiento comunero y hallarse ellos dispuestos a combatirla. Por otra parte, el temor y la desilusión se apoderaron de muchos al conocerse la noticia de la derrota y asesinato de Túpac Amaru, ya que "... veían alejarse las posibilidades de éxito y de ayuda neogranadina..."

La base de la insurrección venezolana empieza a desmantelarse, y se producían deserciones que contribuían a crear incertidumbre en las filas re­beldes. Algunos de los más altos jefes comuneros hicieron caso omiso al llamado de García de Hevia para reforzar a Mérida. Otros huían y hasta se sumaban a las tropas realistas.

Ya para el 11 de septiembre de 1781, la revuelta se encuentra prácticamente derrotada; el Gobernador de Maracaibo propone es­cuchar a los insurgentes e interceder en favor de aquéllos que depongan las armas. Mientras tanto, en San Cristóbal el Ayuntamiento acuerda mantener su lealtad al Rey. Posteriormente el Cabildo de San Antonio apoya la decisión del organismo tachirense y el pueblo de Mérida redacta un comunicado dirigido a los jefes comune­ros para que se sometieran a los planteamientos del Gobernador Ayala.

Todas las decisiones de las diferentes comunidades, aunadas a los fracasos de las revueltas del Perú y la Nueva Granada y a las noticias sobre el envío de grandes contingentes militares realistas, se sumaron "al conjunto de factores que venían deteriorando las esperanzas de éxito de la rebelión". Esto trajo como consecuencia inmediata la rendición y huida de los principales jefes comuneros, que buscaron refugio en diversos lugares de la Nueva Granada y Venezuela. Donde esperaron que las promesas de perdón emanadas por el Gobernador de la Provincia de Maracaibo se hicieran efectivas.

El 20 de enero de 1782, se inicia el expediente en contra de dichos jefes de la revuelta comunera de los Andes venezolanos. Los mismos son sentenciados a la pena capital y para el 30 de enero es ejecutado el líder neogranadino José Antonio Galán.

Posteriormente, comienzan las declaraciones de los ricos propietarios y los funcionarios realistas adversos a la rebelión, remitiéndose el expediente al Gobernador y Capitán General de la Provincia de Venezuela, Unzaga y Amezaga, quien ordena la captura de los insurrectos y el embargo de sus propiedades.

Para el 30 de junio de 1782, se pone en práctica el plan de captura de los rebeldes comuneros, obteniendo como resultado la detención de 27 de los 69 implicados, quienes son encarcelados en diferentes lugares de la ciudad de Caracas.

Comienza entonces una polémica en torno al perdón de los sublevados, y para el 6 de agosto de 1782, el Virrey Caballero y Góngora "concede indulto, perdón general y amnistía a todos los que participaron en las sublevaciones".

Se informa a los Gobernadores de Caracas y Maracaibo que el indulto abarca por igual a los insurrectos de Mérida, por no ser los autores intelectua­les de la rebelión. Al final, por orden del Virrey Caballero y Góngora enviada al Teniente Gobernador y Auditor de Guerra Francisco Ignacio Cortines el 26 de octubre de 1782, se suspende el proceso y se recomienda dejar en libertad, bajo fianza, a los detenidos.

Al ser absueltos, los comuneros debían permanecer en Cara­cas hasta la llegada del dictamen final por parte del Rey Carlos III. Pero, debido a las muchas calamidades y precario estado en que esta­ban los mismos, se ordena que paguen la pena carcelaria en sus res­pectivos lugares de origen.

El 31 de enero de 1783 el Rey "resuelve conceder indulto a los implicados en la rebelión de la provincia de Maracaibo, exceptuando a los cabecillas Juan García de Hevia, Silvestre Carnero, José Joaquín Medina, Miguel Suárez y Joaquín Yánez Caballero". Y para el 10 de agosto del mismo año, una Real Orden establece el indulto definitivo, sin excepciones, a los involucrados en el movimiento comunero venezolano.

El Pensamiento colectivo Anticolonial. Bases Independentistas

La Rebelión de los Comuneros de Mérida fue un movimiento vital en el proceso pre-independentista venezolano. Se caracterizó por ser una insurrección fundamentalmente popular, donde la participación de los propietarios estaba marcada más por un interés personal ya que:

“muchos de estos ricos estaban ligados de una u otra forma a la corona, y temerosos de que por el curso de los acontecimientos la rebelión llegara a convertirse en una mayor amenaza (...) se vieron involucrados en la insurgencia, bien por el acoso popular o para contener los excesos de la plebe. Otras para minar la rebelión o para medrar a costa de la misma en actitud astuta y ambivalente".

Sin embargo, la rebelión puso de manifiesto la profundización de una "conciencia anticolonial" en contra de las políticas borbónicas de Carlos III, que sólo beneficiaban a la Corona.

Además, surgieron dos elementos para el nacimiento de esta rebelión venezolana como fueron: los acontecimientos del Perú y de la Nueva Granada, los cuales influyeron notablemente en el colectivo nacional. Por un lado, se encuentra la revuelta encabezada por el indígena peruano Túpac Amaru, que como dijimos anteriormente, proyectaba un mensaje antiesclavista y revolucionario en contra de las cargas impositivas de España. Por el otro, el movimiento comunero del Reino de la Nueva Granada, que por su cercanía a Venezuela, empapa de entusiasmo a los pobladores merideños.

Ambos movimientos tienen como objetivos principales, la rebaja de los impuestos, la suspensión de los Estancos del Tabaco y el aguardiente, y la aplicación de una política colonial económica más flexible.

Con estos elementos la rebelión venezolana, nace, se desarrolla y se expande por gran parte del territorio, principalmente en la Provincia de Maracaibo. Pero irónicamente los factores que habían estimulado y dado fuerza a la revuelta hacen que la misma decaiga, el fracaso y asesinato del líder peruano, desmoraliza a gran parte de los líderes insurrectos, así como la rendición de los comuneros de la Nueva Granada, de quie­nes se esperaba recibir una gran ayuda.

Por otro lado, los intereses particulares y la "falsa imagen popular que se contaría con el apoyo de los ricos propietarios" fueron sembrando la duda en los insurgentes, trayendo como consecuencia inme­diata la fragmentación del ejército comunero. Deserciones y traiciones pasaron a ser características negativas del movimiento. No obstante, y pese a que buena parte de los insurrectos expresaron su disposición de lucha, el ejército no logra la coalición necesaria. El daño infligido por la deserción de sus máximos capitanes estaba hecho y son los elementos que obstaculizaron la materialización de sus propósitos.

Es importante señalar que el hábil manejo de la situación por parte de las autoridades coloniales también influyó en la derrota comunera. El envío y movilización de tropas realistas desde Caracas y Maracaibo siembra el pánico y terror en los insurgentes. La astuta labor del Gobernador de Maracaibo que "además de ofrecer perdón a los que depusieran las armas, hizo ver que las Capitulaciones de Zipaquirá no eran válidas para Venezuela", socavaron aún más la ya destruida y acabada rebelión comunera.

Un observador tan agudo de la sociedad venezolana del siglo XVIII, como lo fue el Intendente José de Abalos, dejó escrito su convencimiento probado por los hechos tres décadas más tarde, que aquellos sucesos de la Provincia de Maracaibo y su repercusión en la Capitanía General, unidos a los de Perú y Nueva Granada, evidenciaban la existencia de condiciones proclives a la In­dependencia. Señaló que “sólo faltaban líderes y algunos otros elementos para conseguir lo que en aquel entonces estaban a punto de lograr los colonos de la América del Norte".

Sin embargo, las bases anticoloniales que se heredan de este movimiento son trascendentales para Venezuela. Es verdad que no pudo destruir la estructura colonial española, pero la estremece, y lo más importante: deja las semillas que posteriormente recogen los grandes próceres venezolanos en pro de nuestra independencia.

Yureima Molina

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1201N

29/05/2011